Los embajadores de Canadá y Estados Unidos, los principales socios comerciales de México, han manifestado su preocupación y oposición a la reforma del Poder Judicial propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Graeme C. Clark, embajador canadiense, ha señalado que los inversionistas de su país han expresado inquietudes sobre cómo esta reforma podría afectar el "vínculo de confianza" entre el gobierno mexicano y el sector privado. Clark ha sido claro en aclarar que no busca interferir en los asuntos internos de México, sino simplemente transmitir las preocupaciones de los empresarios canadienses. Por su parte, el embajador estadounidense Ken Salazar ha sido más contundente en sus declaraciones. Salazar considera que la elección directa de jueces representa un "riesgo para la democracia de México" y para la integración económica de América del Norte. Argumenta que esto podría facilitar que los cárteles y "actores malignos" se aprovechen de jueces con "motivaciones políticas". Además, Salazar afirma que esta reforma no resolverá la corrupción judicial ni fortalecerá el Poder Judicial, y que el "debate feroz" que genera amenaza la histórica relac