Los embajadores de Canadá y Estados Unidos, los principales socios comerciales de México, han manifestado su preocupación y oposición a la reforma del Poder Judicial propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Graeme C. Clark, embajador canadiense, ha señalado que los inversionistas de su país han expresado inquietudes sobre cómo esta reforma podría afectar el "vínculo de confianza" entre el gobierno mexicano y el sector privado. Clark ha sido claro en aclarar que no busca interferir en los asuntos internos de México, sino simplemente transmitir las preocupaciones de los empresarios canadienses.

Por su parte, el embajador estadounidense Ken Salazar ha sido más contundente en sus declaraciones. Salazar considera que la elección directa de jueces representa un "riesgo para la democracia de México" y para la integración económica de América del Norte. Argumenta que esto podría facilitar que los cárteles y "actores malignos" se aprovechen de jueces con "motivaciones políticas".

Además, Salazar afirma que esta reforma no resolverá la corrupción judicial ni fortalecerá el Poder Judicial, y que el "debate feroz" que genera amenaza la histórica relación comercial entre México, Estados Unidos y Canadá.

Opinión: Los Embajadores Tienen Razones para Preocuparse, pero México Debe Decidir su Propio Futuro

Es comprensible que los embajadores de los principales socios comerciales de México expresen sus inquietudes sobre la reforma judicial propuesta. La estabilidad y confianza jurídica son fundamentales para la inversión y la integración económica regional.

Sin embargo, los diplomáticos deben respetar la soberanía de México y su derecho a determinar la estructura de sus instituciones judiciales. La reforma judicial es una decisión que corresponde al pueblo mexicano y a sus representantes elegidos democráticamente.

Si bien las preocupaciones de Canadá y Estados Unidos merecen ser escuchadas, México debe evaluar objetivamente los pros y los contras de la iniciativa, buscando el equilibrio entre la independencia judicial, la rendición de cuentas y la lucha contra la corrupción. Cualquier decisión final debe estar guiada por el interés nacional y el fortalecimiento del Estado de Derecho.

Los embajadores pueden expresar sus puntos de vista, pero deben evitar la injerencia. México necesita tomar sus propias decisiones soberanas, aun cuando ello implique desafíos a los intereses de sus vecinos. El diálogo y la cooperación respetuosa serán clave para encontrar soluciones mutuamente beneficiosas.