Los Jueces pueden retirarse con más de $100 mil pesos al mes

Un estudio presentado al pleno del Consejo de la Judicatura (CJF) revela que cerca de la mitad de los juzgadores federales pueden retirarse con ingresos de más de $100 mil al mes, gracias a la reforma judicial que entra en vigor en 2027. Esto se debe a que 747 de los 1,719 impartidores de justicia que laboran actualmente tienen 55 años o más y pueden acogerse a la jubilación anticipada.

La reforma del Poder Judicial establece que todos los juzgadores serán elegidos por voto popular en dos procesos, el primero en 2025 y el segundo en 2027. A partir de entonces, nadie obtendrá salarios que superen los ingresos establecidos para el Presidente de la República.

El CJF ha aprobado un acuerdo que otorga compensaciones vitalicias a los juzgadores que se retiren, que se sumarán a las pensiones otorgadas por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste). Estas compensaciones pueden llegar hasta 80% del ingreso otorgado por el instituto.

El estudio presentado al CJF destaca que la mayor cantidad de plazas para impartidores de justicia se encuentran adscritas a juzgados y tribunales en la Ciudad de México, con 365. El estado de México ocupa el segundo lugar, con 144, y Jalisco el tercer sitio, con 122.

La reforma judicial también establece que cada uno de los circuitos deberá reducir a los titulares de juzgados y tribunales a 50% mediante un proceso de selección, y luego inscribirse al proceso que realizará la comisión de especialistas que serán elegidos por los tres poderes para examinar a quienes se acrediten con las mayores calificaciones y de allí surjan los candidatos a la elección.

El decreto de la reforma al Poder Judicial señala que los Poderes de la Unión postularán el número de candidaturas que corresponda a cada cargo, conforme a las siguientes cláusulas: cada poder integrará un comité de evaluación conformado por cinco personas reconocidas en la actividad jurídica, que recibirá los expedientes de las personas aspirantes, evaluará el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales e identificará a las personas mejor evaluadas que cuenten con los conocimientos técnicos necesarios para el desempeño del cargo y se hayan distinguido por su honestidad, buena fama pública, competencia y antecedentes académicos y profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica.