FGR Aniquila Fortunas del Crimen: Más de 400 Millones de Pesos Decomisados.

 La Fiscalía General de la República (FGR) logra un golpe millonario al narcotráfico con más de 100 sentencias favorables en casos de extinción de dominio, afectando a organizaciones criminales como Los Zetas, los Beltrán Leyva y una célula del Cártel de Sinaloa.

En este contundente operativo legal, se destaca la afectación al Cártel de Santa Rosa de Lima, a un exlíder de la Unión Tepito conocido como El Jamón, y a Miguel Ángel Treviño, alias El Z-40, quien fuera uno de los criminales más buscados en México y precursor del "cobro de piso".

Según la FGR, más de 400 millones de pesos han sido golpeados en esta operación, abarcando la operación de personas y grupos delictivos de alto perfil en distintas regiones del país.

Uno de los afectados identificado es El Jamón, líder de la Unión Tepito capturado en 2019, quien asumió el mando tras el arresto de El Pistache. En total, se obtuvieron 114 sentencias favorables, con un monto de 456 millones 95 mil 835 pesos, en un período de 2019 a 2023.

Adicionalmente, se informa que seis individuos de origen chino, vinculados al Cártel de Sinaloa y conocidos como Los Chinos de Polanco, también han sido afectados por estas acciones de extinción de dominio. La presencia del cártel en áreas estratégicas de la Ciudad de México, como Tlalpan, Xochimilco, Coyoacán, Tláhuac y Gustavo A. Madero, se destaca en informes de inteligencia de 2022.

Otra organización perjudicada por estas medidas es la banda de La Riviera Maya, liderada por el rumano Mihai Alexandru Preda.

La FGR subraya que estas acciones aseguran la aplicación efectiva de políticas públicas de prevención del delito mediante afectaciones patrimoniales, económicas y fiscales a las estructuras de grupos delincuenciales. Este éxito sigue a anteriores aseguramientos realizados en agosto pasado, donde se obtuvieron 51 sentencias favorables y se decomisaron casi 140 millones de pesos.

Estos esfuerzos legales son parte de la estrategia gubernamental para enfrentar las diversas actividades criminales de los cárteles, que van más allá del narcotráfico e incluyen actividades como narcomenudeo, extorsiones, secuestros, tráfico de migrantes y hasta pesca de medusas. Un estudio de la UNAM en 2018 estimó que los grupos criminales generan anualmente alrededor de 600 mil millones de pesos, equivalentes a unos 33 mil 165 millones de dólares.

La estrategia de extinción de dominio implementada por la Fiscalía General de la República (FGR) ha demostrado ser efectiva en el desmantelamiento de estructuras criminales al afectar sus activos y recursos financieros. La extinción de dominio es un mecanismo legal que permite al Estado confiscar propiedades, bienes y activos que hayan sido adquiridos con recursos ilícitos o estén vinculados a actividades delictivas.

En este caso específico, la FGR logró obtener más de 100 sentencias favorables, lo que se traduce en la afectación de más de 400 millones de pesos. Estas sentencias involucran bienes pertenecientes a diversas organizaciones delictivas, incluyendo al Cártel de Santa Rosa de Lima, al líder de la Unión Tepito conocido como "El Jamón", y a Miguel Ángel Treviño, alias "El Z-40".

La extinción de dominio se convierte en una herramienta crucial no solo para sancionar penalmente a los criminales, sino también para debilitar su capacidad financiera y desarticular las estructuras económicas que sostienen sus actividades ilícitas. La confiscación de propiedades y activos relacionados con el narcotráfico y otras formas de crimen organizado impacta directamente en la viabilidad operativa de estos grupos.

Esta estrategia va más allá de las consecuencias penales tradicionales y aborda la raíz económica de las organizaciones criminales, buscando afectar su capacidad para generar ingresos y financiar sus operaciones. En términos prácticos, la extinción de dominio representa un golpe financiero considerable que puede dificultar la continuidad de las actividades delictivas, al tiempo que contribuye a la prevención del delito al despojar a estos grupos de sus recursos económicos ilícitos.